Te presentamos la Parte 2 de la sección “Los cambios que necesita la Argentina y que NINGÚN gobierno se atreve a hacer”, espacio producido por Juan Zuoza y emitido desde Patagonia Argenta, la emisora vía Streaming de Chubut.org
En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el Poder Judicial provincial y federal. Paralelamente a esta sección, Chubut.org casualmente inauguró ayer una sección dedicada específicamente a cuestiones muy críticas del Poder Judicial provincial, llamada “El Palacio de la Risa”, en donde nuestro especialista Juan Bautista Alberdinangus nos cuenta detalles muy alarmantes sobre la justicia provincial.
La pregunta que nos invita a analizar el tema de hoy en profundidad es:
¿Para qué tenemos en pleno siglo XXI un Poder Judicial Federal y otro Poder Judicial Provincial?
Si bien, históricamente, los estados provinciales constituían jurisdicciones muy distintas, con sus sistemas judiciales independientes los unos de los otros, hoy, tras un par de siglos de historia y visualizando las aberraciones que muy comúnmente se cometen en la justicia, llegamos a concluir que la justicia necesita reformas totales, desde la raíz hasta lo más alto de la copa.
Podés ver la nota en el siguiente link o seguir leyendo las ideas principales que continúan debajo:
La existencia de Poderes Judiciales provinciales ya no tiene razón de ser. Su subsistencia no se debe a cuestiones funcionales de mejor distribución de la justicia, sino todo lo contrario: sólo sirve para garantizar altos niveles de corrupción política en los ámbitos de los juzgados y en los estados provinciales.
En provincias como Chubut, de muy baja densidad demográfica, la justicia es un chiste. Los jueces terminan juzgando a sus vecinos, aumentando inconcebiblemente los niveles de parcialidad en los fallos. Pero no solo termina allí; los juzgados se convirtieron en oficinas colmadas de amigos y parientes de los jueces, secretarios o del personal añoso, sin olvidarnos de los acomodos políticos en el clásico clima de convivencia del poder ejecutivo con el judicial.
Ya no existen los concursos de ingreso, por lo que cualquier inútil puede acceder a un sabroso salario que no ganaría en su vida ni aún trabajando 12 horas diarias, además de otros tantos beneficios. Muchos abogados señalados como fracasados terminan ocupando cargos de alto rango. Incluso algunos jueces son nombrados en estos contextos.
Los fallos direccionados son un lamentable clásico y en estos esquemas los jueces son muy fácilmente influenciables e influenciados para emitir un fallo en tal o cual sentido.
Para la designación de jueces también se recurre al amiguismo y cuando hay concursos, siempre terminan con la imagen de haber sido arreglados de antemano, preguntando estupideces descontextualizadas hasta para cubrir un módico cargo de maestranza.
¿Y cuál sería la solución?
Si bien la codicia, la corrupción y las jugadas sucias son inherentes a muchos seres humanos, para el caso del Poder judicial hay que tomar los más extremos recaudos para disminuir al mínimo posible toda esta basura escandalosa que nos rodea.
La eliminación de los Poderes Judiciales provinciales sería una excelente herramienta para disminuir la probabilidad de lobby y de influenciar a los jueces en la toma de decisiones.
Imaginemos un único Poder Judicial Nacional, con juzgados virtuales que atiendan por sorteo todos los asuntos de las provincias y territorios análogos.
Ello evitaría la convivencia de los jueces con los involucrados en un asunto judicial. No existiría el lobby, los mates con la justicia, los encuentros oscuros, los prejuicios a los conciudadanos… y sobre todo… ningún corrupto sabría de antemano quién es el juez que lo va a juzgar, haciendo casi imposible el lobby.
Imaginemos que los edificios actuales de los juzgados se convirtieran en salas de videoconferencia entre juzgados; lugares donde acusadores y acusados deben comparecer para sus audiencias virtuales, garantizándose que puedan expresarse libremente.
Imaginemos que habría un solo código procesal en todo el país y no el mamarracho actual de más de 20 códigos diferentes, simplificando los procedimientos.
Imaginemos que los fiscales tengan que rendir cuentas a jueces que no conocen, reduciendo la probabilidad de inoperancia y vagancia actuales.
¿Puede llevarse a cabo realmente una transformación así?
En el contexto de mediocridad política y corrupción de nuestro país es muy difícil que algo así pueda hacerse. Nuestro querido país es cuna de una corrupción arraigada y sistematizada. Este tipo de cambios sería extraordinariamente beneficioso para la población, pero extremadamente devastador para los sectores corruptos y elitistas que manejan los hilos de los cambios.
Actualmente es una utopía. Sin embargo, sembrar la semilla de esta posibilidad abre la esperanza de que en algún momento este tipo de propuestas se viralicen y la presión social logre que los cambios se materialicen.
En cierta forma, somos arquitectos de nuestro propio destino. ¿Lo entenderemos alguna vez?
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