El sistema judicial vuelve a estar en el centro de la polémica: una jueza dejó en libertad a dos imputados por robo, a pesar de sus 51 antecedentes penales y de haber sido detenidos en flagrancia. Esta decisión pone en entredicho el rol de la justicia y la impunidad con la que operan ciertos magistrados.
Detención en flagrancia y un fallo incomprensible
El pasado 30 de marzo, cerca de las 15 horas, la policía detuvo a dos individuos en una vivienda de la calle Tomás Espora. Habían forzado la puerta del domicilio y sustraído diversos objetos. La rápida intervención de una vecina, que alertó al centro de monitoreo, permitió que los delincuentes fueran aprehendidos en el lugar.
Identificados como Yonatan Omar Williams y Emanuel Andrés Williams, los imputados fueron acusados de tentativa de robo. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva, argumentando la gravedad del hecho y el extenso historial delictivo de los acusados, quienes suman 51 causas previas. La detención en flagrancia reforzaba la solidez de la acusación, un factor que suele ser determinante en estos casos.
Decisión judicial: impunidad garantizada
A pesar de la contundencia de las pruebas, la jueza Yamila Flores resolvió liberar a los acusados, sosteniendo que no había elementos suficientes para aplicar la medida de coerción más grave. Lo más llamativo es que ni siquiera la defensa de los imputados presentó objeciones a la prisión preventiva, lo que evidencia la solidez del pedido fiscal.
Este tipo de fallos generan indignación y desconfianza en la sociedad. La reincidencia delictiva es una realidad, y liberar a criminales con decenas de antecedentes solo contribuye al aumento de la inseguridad. Mientras tanto, los jueces responsables de estas decisiones siguen en sus cargos sin enfrentar consecuencias.
La impunidad como norma
La justicia tiene un papel fundamental en la seguridad ciudadana, pero decisiones como la de la jueza Flores ponen en riesgo la credibilidad del sistema. ¿Hasta cuándo los delincuentes seguirán siendo protegidos por fallos que ignoran la realidad delictiva del país? La falta de sanciones a jueces que favorecen la impunidad es una de las grandes deudas del sistema judicial.
Si la sociedad no exige respuestas, estos casos seguirán repitiéndose, consolidando un sistema que prioriza los derechos de los delincuentes por encima de la seguridad de los ciudadanos.
