La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó un nuevo paro general para el próximo 10 de abril, el tercero contra el gobierno de Javier Milei. La medida, que se extenderá por 24 horas y será precedida por una movilización el día anterior, ha generado críticas por su evidente carácter político más que sindical.
A diferencia de gobiernos anteriores, donde la situación económica y laboral era notoriamente peor, la CGT se mostró pasiva durante los mandatos kirchneristas. En aquellos años, la inflación descontrolada, la corrupción y la caída del poder adquisitivo no fueron motivo suficiente para paros generales. Sin embargo, ahora, con un gobierno que busca reformas estructurales, la central obrera adopta una postura de confrontación directa.
Según lo expresado por los líderes sindicales, la protesta se centra en el rechazo a las políticas del Ejecutivo respecto a las paritarias salariales y las reformas laborales. No obstante, el trasfondo político es innegable: la CGT también se movilizará el 24 de marzo junto a organizaciones sociales y realizará marchas adicionales, demostrando una agenda alineada con sectores opositores al gobierno.
El triunviro de la CGT, Héctor Daer, justificó la medida alegando la necesidad de negociar paritarias sin restricciones y de mejorar las condiciones para los jubilados. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la protesta responde más a intereses políticos que a genuinas demandas sindicales. La eliminación de ciertos privilegios gremiales y el intento del Ejecutivo por transparentar el sistema de cuotas sindicales parecen ser los verdaderos detonantes de esta embestida.
Además, la participación del transporte en la huelga será clave para su impacto. Mientras los sindicatos ferroviarios ya confirmaron su adhesión, el gremio de colectiveros aún no ha definido su postura. Esto podría marcar una diferencia en la efectividad de la medida.
En definitiva, la CGT, que durante años miró hacia otro lado mientras la economía se desplomaba y la corrupción se multiplicaba, ahora se posiciona como un actor opositor de peso. La pregunta es inevitable: ¿Es este un verdadero reclamo sindical o una maniobra política para desgastar a un gobierno que intenta cambiar las reglas del juego?
