La justicia argentina vuelve a quedar en el centro del debate tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de anular el sobreseimiento del ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB), sede Esquel, Augusto Ferrari. En un giro abrupto e inesperado, el caso que había sido cerrado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ahora deberá ir a juicio oral y público. Este cambio radical de criterio expone la fragilidad y la falta de seriedad en los fallos judiciales, dejando una vez más en evidencia la incongruencia del sistema.
Un fallo prematuro y una revocación tajante
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había dictado el sobreseimiento de Ferrari el 1 de noviembre de 2024, argumentando que su conducta no configuraba un delito penal y que, en todo caso, las acusaciones podrían haber sido objeto de sanciones administrativas o civiles, pero no penales. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación sosteniendo que el fallo eliminaba la posibilidad de debatir el caso en un juicio oral, lo que impedía esclarecer los hechos y dejaba sin justicia a la denunciante.
El 26 de febrero de 2025, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, decidió por unanimidad revocar la decisión del tribunal inferior y ordenar la apertura del juicio oral. Entre sus argumentos, los magistrados sostuvieron que el sobreseimiento fue arbitrario, que se evaluó la prueba de manera sesgada y que la resolución se dictó sin garantizar el contradictorio y el derecho de la acusación a presentar pruebas y debatirlas en el proceso judicial.
Acusaciones y pruebas desestimadas
El caso tiene su origen en una denuncia de 2022, en la que una estudiante de 18 años acusó a Ferrari de tentativa de abuso sexual con acceso carnal. Según la denuncia, Ferrari habría utilizado su posición de autoridad para intentar acercarse a la alumna con intenciones sexuales. La fiscalía sostuvo que el acusado se aprovechó de su rol como profesor y vicedecano para generar un ambiente de intimidación sobre la joven, enviándole mensajes sugerentes a través de Instagram y WhatsApp, invitándola a fiestas privadas e incluso ofreciéndole pagarle un alojamiento en la ciudad.
A pesar de estos elementos, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió en 2024 sobreseer a Ferrari, sin siquiera llamar a las partes a juicio. En su fallo, los jueces concluyeron que los hechos denunciados no constituían un delito penal y que, en todo caso, podían ser objeto de sanciones administrativas. No obstante, la Cámara de Casación consideró que esta decisión fue tomada de manera anticipada y sin un análisis exhaustivo de la prueba, omitiendo además una mirada con perspectiva de género, como lo exigen los tratados internacionales suscritos por Argentina.
Un sistema judicial en crisis
Este giro de la justicia deja en evidencia una grave incongruencia en el sistema penal argentino. ¿Cómo es posible que un tribunal decida sobreseer a un acusado argumentando que no hay delito y, pocos meses después, otro tribunal determine exactamente lo contrario y ordene llevarlo a juicio oral?
La falta de coherencia entre las decisiones judiciales debilita la credibilidad del sistema y genera una peligrosa sensación de arbitrariedad. La justicia no puede permitirse fallos que oscilen de manera tan grosera de un tribunal a otro, especialmente en casos de abuso sexual, donde la víctima ya enfrenta enormes dificultades para denunciar y obtener justicia. Este caso pone en el centro del debate la necesidad de una reforma judicial que garantice coherencia, seriedad y previsibilidad en los fallos.
Lo que viene: un juicio clave
Con la revocación del sobreseimiento, el caso vuelve al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá llevar adelante el juicio. Se espera que en el debate oral se analicen todas las pruebas, se escuchen los testimonios y se determine, con todas las garantías del debido proceso, si Ferrari cometió el delito por el que se lo acusa.
Más allá del desenlace judicial, lo cierto es que este caso deja al descubierto una justicia que, lejos de ser predecible y rigurosa, demuestra una preocupante falta de criterio uniforme. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántos otros casos pueden haber sido resueltos de manera igualmente errática? La respuesta a esta incógnita será clave para recuperar la confianza en un sistema que, hoy por hoy, sigue generando más dudas que certezas.
