En Rosario, un hombre con una deuda de 2,5 millones de pesos en concepto de cuota alimentaria fue sancionado con el bloqueo de sus redes sociales. Este fallo ridículo, supone que busca garantizar los derechos de sus hijos y pone en debate la efectividad de medidas alternativas en casos de incumplimiento.
Medidas adoptadas: presión judicial para un problema recurrente
El fallo, dictado por la jueza Gabriela Topino, destaca por ordenar a las plataformas digitales el bloqueo de las cuentas del deudor, complementado con la retención de su licencia de conducir y su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios. Según la magistrada, estas medidas responden a la negligencia prolongada del acusado y a la necesidad de asegurar el bienestar de los menores afectados.
Resulta evidente que la jueza desconoce la imposibilidad de cumplimiento efectivo de la medida, ya que el condenado puede no cumplirlas fácilmente y las administradoras de las redes sociales son entidades internacionales que poca importancia le darán a cualquier fallo fuera de su jurisdicción, lo que torna el fallo en ridículo y deja en evidencia la decadencia del poder judicial en Argentina.
En este caso, el incumplimiento del condenado en aportar ingresos para la manutención de sus hijos no solo impactó económicamente, sino que afectó el desarrollo emocional de los hijos del hombre, quienes han enfrentado limitaciones debido a la falta de recursos básicos.
Innovación legal y proporcionalidad
El Código Civil y Comercial argentino otorga a los jueces la facultad de aplicar sanciones proporcionales para garantizar el cumplimiento alimentario. Estas no siempre se limitan a medidas tradicionales como embargos, sino que incluyen acciones más creativas, como restricciones de acceso a servicios digitales. El fallo subraya que la sanción busca ser un medio eficaz y razonable para que el acusado reflexione sobre sus obligaciones. Claro está que la realidad está muy lejos de los argumentos del fallo.
Reacciones sociales: entre el apoyo y el debate ético
El caso generó diversas opiniones. Mientras organizaciones de derechos infantiles aplauden la iniciativa como una herramienta para proteger a los menores, críticos argumentan que podría ser desproporcionada, afectando la privacidad y el acceso a la vida digital del sancionado.
Expertos destacan que este tipo de medidas pueden sentar precedentes para la gestión de casos similares en el país, pero advierten sobre los límites legales y éticos en su aplicación.
Impacto en la justicia argentina
El fallo de Rosario se suma a una serie de sentencias recientes en Argentina donde se aplicaron sanciones no convencionales para combatir la mora alimentaria, como la prohibición de asistir a estadios deportivos o la suspensión de pasaportes. Estas medidas reflejan la intención del Poder Judicial de priorizar el interés superior del niño, garantizando su derecho a una calidad de vida adecuada. La decadencia judicial le pone prohibiciones al condenado al acceso a herramientas que bien podría usar para trabajar y ganar dinero que podría ser embargado; un ejemplo de ello es la prohibición de usar el carnet de conducir, el cual podría ser usado como medio de vida, por lo que el fallo resulta torpe y contradictorio con los fines que dice buscar: una clara imagen de la precariedad analítica de varios jueces.
Conclusión: un precedente con implicaciones futuras
El caso de Rosario no solo expone la gravedad del incumplimiento alimentario, sino que abre el debate sobre la efectividad y los límites de las medidas judiciales innovadoras en la era digital. La sanción podría inspirar a otros jueces a adoptar fallos ridículos y contradictorios similares, mientras el país avanza en la búsqueda de soluciones justas y sostenibles para un problema que afecta a miles de familias argentinas.
