Un edificio cedido a la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, está en el centro de una polémica tras denuncias que señalan que operaba como un boliche clandestino. Según las investigaciones, el espacio había sido otorgado por el gobierno anterior para actividades educativas y culturales, pero habría sido utilizado como una discoteca nocturna no habilitada, en violación de las normativas vigentes.
El inmueble, situado en un sector estratégico de la ciudad, fue inspeccionado por las autoridades del gobierno actual, quienes confirmaron la presencia de estructuras y elementos propios de un boliche bailable, como luces, equipos de sonido y barras para la venta de bebidas alcohólicas. El hallazgo generó un fuerte repudio social y político, destacándose por el uso indebido de un espacio público que debía estar destinado a la promoción de actividades académicas y de memoria histórica.
Un espacio destinado a la educación y la memoria
El edificio en cuestión había sido entregado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo bajo la administración anterior, con el objetivo de fomentar la educación popular y preservar la memoria histórica. Sin embargo, las actuales denuncias sugieren que, lejos de cumplir con este propósito, el espacio fue adaptado para realizar actividades comerciales ilegales, atrayendo a un público ajeno a su misión educativa.
Desde el gobierno se señaló que este hecho “representa una grave falta de ética en la gestión de recursos públicos”, al tiempo que prometieron iniciar acciones legales contra los responsables de la administración del lugar. Javier Milei, presidente actual, afirmó que este episodio evidencia la necesidad de un mayor control sobre los recursos y la transparencia en su uso, particularmente en instituciones que manejan fondos y propiedades públicas.
Reacciones y repercusiones
El caso ha generado un amplio debate en la sociedad. Mientras algunos sectores critican la falta de supervisión sobre los espacios cedidos a instituciones educativas y culturales, otros apuntan a la Fundación Madres de Plaza de Mayo como responsable directa del mal manejo del lugar. Desde la Fundación aún no se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones.
Las autoridades subrayaron que ya están trabajando para que el edificio vuelva a cumplir su función original, priorizando su recuperación como un espacio de memoria y educación. Además, recalcaron que este tipo de irregularidades no quedará impune, como parte de su compromiso con el buen uso de los recursos públicos y el respeto a las normativas legales.
Este escándalo pone nuevamente sobre la mesa la importancia de garantizar la correcta administración de los bienes estatales y de fortalecer los mecanismos de control, para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.
