La ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un recurso judicial contra la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender su jubilación de privilegio y la pensión correspondiente a su difunto esposo, Néstor Kirchner. La medida, anunciada a mediados de noviembre por el Ministerio de Capital Humano, sostiene que los fondos de pensión de los ex presidentes y vicepresidentes deben ser cancelados en casos de condenas penales que impliquen delitos de corrupción, como el que fue dictado contra la expresidenta en el contexto de la causa Vialidad.
El reclamo de Fernández de Kirchner se centra en la ilegalidad de la baja de estos beneficios, argumentando que la decisión “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”. En el recurso presentado por su abogado, se solicita que se restituyan los pagos de jubilación y pensión, además de los intereses correspondientes. En este sentido, la ex mandataria insiste en que estos beneficios no tienen carácter punitivo, sino que corresponden a un derecho adquirido tras haber ocupado el cargo presidencial.
Este giro en la disputa por las jubilaciones de privilegio se enmarca en el contexto de un intenso debate político y social. Durante su gestión, el presidente Milei ya había manifestado su rechazo a las jubilaciones especiales, destacando la necesidad de terminar con lo que consideró un “privilegio” para los ex mandatarios y ex vicepresidentes que enfrentan condenas penales. El gobierno de Milei defendió su postura argumentando que la ex presidenta no debería gozar de un beneficio extraordinario por su “desempeño” en el cargo, luego de ser condenada por administración fraudulenta.
