El próximo lunes 25 de noviembre, comenzará en la Oficina Judicial de Rawson el juicio oral y público por la causa denominada “ñoquis calientes”. Este proceso tiene en el centro de la escena a la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, junto a Branco Rodero Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Ángel Reto Trelles, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera.
El caso, que cobró relevancia por las denuncias de corrupción y mal manejo de fondos públicos, acusa a los imputados de delitos relacionados con el uso indebido de recursos estatales. Entre los hechos investigados, se señala que Torres Otarola habría exigido el retorno de parte de los salarios de empleados que ella misma habría colocado como asesores en la Legislatura provincial. Asimismo, durante su gestión en el Ministerio de Familia, se la acusa de haber designado en altos cargos a personas de su círculo cercano, quienes no residían en la región ni cumplían funciones efectivas para el Estado.
El fiscal a cargo de la investigación es Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP). Según el Ministerio Público Fiscal, Torres Otarola habría sido la pieza clave de las maniobras ilícitas.
Decisión judicial y avance del juicio
El pasado viernes, un abogado defensor de los imputados presentó una solicitud para posponer el inicio del juicio. Sin embargo, el tribunal, conformado por los jueces Carlos Richieri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado, rechazó el pedido, confirmando que el proceso comenzará según lo programado.
Las imputaciones en detalle
Cecilia Torres Otarola enfrenta acusaciones por ocho hechos de fraude contra la administración pública, tres de concusión y cinco de fraude en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
A Silvana Adriana Cañumil se le imputan cargos de fraude a la administración pública (un hecho) y concusión (dos hechos) como partícipe secundaria.
Jaquelina Rodera está acusada de tres hechos de fraude como partícipe primaria. Marta Rodera, Facundo Solari Rodera, Miguel Ángel Reto Trelles y Branco Rodero Neira enfrentan imputaciones por un hecho de fraude cada uno, también en calidad de partícipes primarios.
Penas solicitadas por la Fiscalía
La Fiscalía adelantó que solicitará penas severas. Para Torres Otarola, se pedirán al menos cuatro años de prisión efectiva, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En cuanto a Jaquelina Rodera, se solicitará tres años de prisión en suspenso, con inhabilitación especial por el mismo período. Marta Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles podrían enfrentar dos años de prisión en suspenso, mientras que para Silvana Adriana Cañumil se pedirá tres años de prisión también en suspenso.
Este caso promete convertirse en un nuevo capítulo relevante en la lucha contra la corrupción en la provincia, marcando un precedente para futuros procesos judiciales relacionados con delitos contra la administración pública.
